El partido EH Bildu ha confirmado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras alcanzar un acuerdo con los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos. El Ejecutivo se compromete a prorrogar el límite del 2% en la actualización anual de las rentas de los contratos de alquiler a todo 2023, en vigor desde abril de este año, además de otras medidas sociales y de transferencia de competencias.
Por lo tanto, todo hace indicar que esta medida recogida en el Real Decreto Ley 11/2022, de 25 de junio, de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, se ampliará directamente un año más, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Un puntos clave para el mercado residencial en alquiler es la revisión anual de los contratos de arrendamiento firmados con esa cláusula de actualización, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que tengan al Índice de Precios al Consumo (IPC) como índice de referencia. Para ellos, se mantendrá el tope de un 2% en la actualización de rentas, un tipo vinculado al Índice de Garantía de la Competitividad (IGC).
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene hasta el próximo 31 de diciembre para renovar esta Real Decreto, que lleva siendo ‘efectivo’ para los alquileres desde el pasado mes de abril. Si finalmente se confirma lo avanzado por Bildu, prácticamente la totalidad del parque de viviendas en alquiler en España se vería afectado por este bloqueo. Están exentos ahora mismo los nuevos contratos de arrendamiento durante su primera anualidad, los alquileres de renta antigua, aquellos contratos que no incluyan la cláusula de renovación anual del mismo, y si tienen como referencia algún otro tipo de índice diferente al IPC.
Por lo tanto, casi el 100% de los propietarios tendrá que asumir la diferencia entre este límite y la actual tasa de inflación, que en octubre cerró al 7,3%, y que alcanzó su pico en julio pasado, cuando alcanzó el 10,8%.
El límite del 2% impuesto por el Gobierno en la renovación anual de los contratos de alquiler ya ha supuesto una pérdida para los propietarios de unos 1.400 millones de euros.
Cada mes se ha aplicado la diferencia entre la subida de la renta que se hubiera dado con la tasa de inflación y este nuevo tope máximo a las rentas que revisen su contrato anualmente del 2%. Aún queda por conocer el dato del IPC de noviembre para calcular la diferencia con los alquileres de diciembre para conocer el impacto global en 2022.
Reacciones a la ampliación del tope al alquiler (en la renovación de contratos)
A raíz del acuerdo anunciado por Bildu para mantener el límite de la actualización de los alquileres en el 2%, Francisco Iñareta, portavoz de idealista, manifiesta que «de confirmarse el anuncio, sería una decisión que el mercado ya descontaba, sobre todo al tratarse 2023 de un año electoral, pero no por eso deja de ser una pésima noticia para el alquiler. El Gobierno vuelve a dejar sobre los hombros de los propietarios la subida de la inflación y no les ofrece ninguna compensación a cambio, como ya sucede en Portugal por ejemplo.»
El portavoz de idealista añade que «no modificar nada sustancial en esta medida tendrá como consecuencia un agravamiento del problema de falta de oferta que sufre el mercado español, que no solo ha provocado subidas de precio de doble dígito en los grandes mercados, sino que genera una enorme ansiedad entre las familias que necesitan acceder a una vivienda y que deben competir con decenas de familias para poder ser ‘seleccionadas’. Estos procesos de casting, lejos de facilitar el acceso a los colectivos más desfavorecidos, lo complican aún más y dificultan el acceso a nuevos colectivos sin problemas económicos pero que ofrecen una menor seguridad a los propietarios, como autónomos o personas solas. El problema ya no es solo el precio, el problema es que no hay viviendas suficiente en alquiler.
«En definitiva, se trata de una medida que desequilibra la situación entre los inquilinos actuales y los futuros: resultará beneficiosa para todas las familias que ya viven de alquiler, pero tendrá consecuencias nefasta para aquellas otras que lo buscan o buscarán en los próximos meses”, concreta.
Con el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos, el Gobierno de coalición se asegura contar con 174 votos: los 120 de PSOE y 33 de Unidas Podemos, más los acuerdos alcanzados con PNV (6), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1), y cinco de EH Bildu. Suman 174 votos que garantizarían la aprobación de las cuentas, que solo necesitan mayoría simple (más síes que noes). Aunque se espera incluir los 13 diputados de ERC.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado las medidas para ayudar a las familias hipotecadas, que “agradezco a todos los partidos su apoyo a estos Presupuestos. Estos son unos presupuestos que podrían apoyar todos los partidos en el Congreso. Su finalidad son la estabilidad y el avance hacia el futuro de España. Estos PGE garantizan una gran inversión en formación, el despliegue de los fondos de recuperación, garantizan las pensiones, o que dos millones de españoles puedan moverse gratuitamente en tren. Pocas razones hay para oponerse”, ha concretado.
Más críticas a la prórroga
Los expertos consultados hace unas semanas por idealista/news ya coincidieron que la ampliación de esta medida de prohibir la subida de los contratos de alquiler a los que les toque renovar por encima de un 2% “será la muerte de la oferta de alquiler. Es la medida más peligrosa y nociva que se ha tomado sobre el alquiler en 20 años. Está destrozando cualquier interés de un inversor en entrar en el mercado del alquiler”.
La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) ha enviado un comunicado en el que resume los perjuicios que, en su opinión, provoca la prórroga del tope del 2%. En concreto, califica de «inaceptable que se prorrogue una medida que supone la privación del derecho de propiedad a de más dos millones propietarios de vivienda en alquiler en España; y a los que no se ofrece ningún tipo de compensación, en contra de lo que prevé la Constitución Española. Además, se carga sobre ellos el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la Administración».
ASVAL también recuerda que «el límite del 2% se planteó como una medida temporal y excepcional. Con esta prórroga por un año se ven dañados de nuevo los derechos de los propietarios, lo que propiciará reclamaciones patrimoniales contra el Estado por parte de los mismos». E insiste en que «los propietarios son sensibles a los problemas de sus inquilinos. Antes de las limitaciones, la mayoría de ellos habían negociado ya acuerdos beneficiosos para sus inquilinos de actualización de rentas».
Poe otro lado, pone sobre la mesa que «los propietarios también sufren los rigores de la inflación y ven aumentar sus facturas por el incremento de precios. Y el 75% de ellos son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual para completar sus ingresos o su pensión».
ASVAL también considera que «la prórroga de esta limitación sitúa al mercado en una situación crítica, que desincentiva la inversión en alquiler, y que desviará la oferta al sector de la venta, agravando el problema del acceso a la vivienda, más aún en un contexto de endurecimiento de los tipos hipotecarios, lo que perjudica a los colectivos sociales más vulnerables».
Por su parte, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) considera que es «un grave error prorrogar todo un año más esta limitación al 2% en perjuicio de los arrendadores». Según alerta José Ramón Zurdo, director general de ANA, “si alguien quiere saber cuáles van a ser las consecuencias de esta medida en 2023, no tiene más que ver lo que ha sucedido este año desde que está en vigor esta limitación del 2%: subida de precios, menos oferta y más requisitos para los inquilinos para alquilar”.
