La pandemia que se generó por el COVID-19 ha hecho que el número de ocupaciones ilegales de viviendas aumentara considerablemente. En la gran mayoría de los casos son las mafias las que están detrás de esto, las cuales hacen negocio al facilitar el acceso ilegal a dichas propiedades.
Así las personas que se encuentran bajo vulnerabilidad social acceden de forma ilegal a las viviendas.
El Ministerio del Interior ha confirmado que la ocupación ilegal aumentó un 20% entre el año 2019 y el 2020, con lo cual se ha obtenido un aumento del 50% si lo comparamos con las cifras que se tenían en el año 2016. En la actualidad se han registrado hasta 14.294 okupaciones.
Por otro lado, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, muestran que durante el último año hasta el 61% de las fincas vacías en territorio español han sufrido casos de ocupación, porcentaje que se eleva hasta el 88% en Cataluña.
Los datos que han sido arrojados son realmente alarmantes, sobre todo el porcentaje que se puede ver en Cataluña, en donde las provincias más afectadas son Barcelona (14,2%) Tarragona (11,5%) y Gerona (12,2%) por cada 10.000 residencias.
En número más específicos, en Cataluña se registraron 6.888 ocupaciones denunciadas el año pasado.
Al ver estas cifras, los despachos de abogados han visto un aumento drástico en el número de denuncias de propietarios que afirman que han usurpado su vivienda, ya sea habitual o vacacional.
El confinamiento al que se han visto obligadas las personas por el COVID-19 ha sido aprovechado por los okupas al poder entrar de forma ilegal más fácilmente a los inmuebles, ya que los titulares han tenido que ausentarse durante mucho más tiempo.
Por su parte, la directora general de ASVAL (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler), Beatriz Toribio, comentó que la ocupación ilegal se ha convertido en un gran problema para el mercado del alquiler.
Asimismo, algunas Administraciones Públicas ya han generado marcos regulatorios que favorecen la ocupación frente a los derechos de la Constitución, tal y como es el caso de la propiedad privada. Sin embargo, el problema no se ha solucionado, ya que se necesita promover una alternativa habitacional para las personas más vulnerables, que son los que suelen ocupar de forma ilegal las viviendas.
Toribio indicó que no hay datos oficiales de la evolución de las okupaciones en lo que va del año 2020, declarando que las regulaciones desarrolladas por los gobiernos autónomos y municipales, como es el caso de la catalana, podrían estar “empujando” de cierta forma a los colectivos más vulnerables a recurrir a esta vía.
Por otro lado, los expertos han comenzado a indicar que hoy en día muchos okupas no son precisamente personas vulnerables socialmente, sino que cada vez son más las personas sin necesidades sociales las que se presentan a declarar ante los juzgados. Comentan que esto está pasando porque desde la Administración provocan o fomentan que ocurra esto, con populismos que realmente no sirven de ayuda para reducir este problema.
